La utilización del delito de "sedición", por parte del gobierno de Cuba, para juzgar a los manifestantes pacíficos del pasado 11 de julio, busca aterrorizar a la población en la actual escalada represiva.
Culpar de sedición a quienes salieron espontáneamente a las calles a pedir libertad, resulta intolerable. El uso de los artículos más severos del código penal para castigar el disenso y amedrentar al resto de los ciudadanos, es vergonzoso y forma parte de la criminalización de las protestas por parte de un régimen desbordado y sin soluciones.
El clima represivo se incrementa por estos días en la isla, de cara a la convocatoria de una marcha cívica el próximo 15 de noviembre.
La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante las escandalosas peticiones fiscales por el 11J y las amenazas y coacciones que sufren los ciudadanos ante la proximidad del 15N.
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