Por. Ramón Zamora Rodríguez.
En este país la dictadura no puede tener a raya a los hombres, sino por la
crueldad de los castigos que impone, que históricamente se ha servido de suplicios extremados, incluida la muerte, contra aquellos que han intentado buscar la libertad de sus despóticas ataduras. La peor tiranía es la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la llamada justicia revolucionaria. Precisamente eso es lo que este gobierno dictatorial ha hecho siempre al eliminar físicamente, desterrar o encarcelar a aquellos que se le enfrentan y subyugar por medio del terror al resto de los ciudadanos descontentos y ansiosos de saberse libres, ejerciendo una tiranía de más de 60 años en nombre de leyes injustas, creadas para perpetuar la impunidad de una casta de ladrones y asesinos, logrando con ello hacerse más odiados que temidos.
El pasado 2 de noviembre de 2021, veintiuna familias holguineras recibieron por conducto del Tribunal Provincial Popular de Holguín, las conclusiones provisionales de la fiscalía o las comúnmente llamadas peticiones fiscales del Expediente de fase preparatoria número 11 de 2021 de la unidad de delitos contra la seguridad del estado, para que sean juzgadas 21 personas por un supuesto delito de sedición (art 100-b, del código penal), y que el pasado 11 de julio ejercieron su soberano derecho constitucional de manifestarse contra aquellas injusticias que llevan años soportando o viendo cometerse ante sus ojos. En dicho documento el ministerio fiscal solicita desmedidas penas que van desde los quince hasta los treinta años de ignominiosa y cruel prisión. Utilizando en el documento burdas y manidas frases, propias de los escritos de la fiscalía a los tribunales, arremeten contra personas cuya edad oscila entre los 16 y 59 años, para una edad promedio de 26,9 años. Basta una simple lectura al documento para percibir la mediocridad y la manipulación de los hechos, donde no existe una prueba que de forma irrebatible condene a uno solo de ellos. Que se basan en un supuesto rastro de olor en dos sacos de piedra que utilizaron los manifestantes, cuando todos los allí presentes saben que fueron los trabajadores de la sede del partido y la brigada especial de la policía quienes iniciaron las agresiones a los manifestantes, primeramente arrojando piedras y luego repartiendo palos a todos sin importar edad o sexo. Muchos de estos cubanos dignos están siendo procesados por recoger en sus teléfonos lo ocurrido, otros por simplemente pedir libertad y democracia, dos palabra que creían que con su adoctrinamiento oficial las habían borrado de la mente y el vocabulario de los cubanos. Por ello intentan en vano de demostrar una conspiración internacional para derrocar lo que ya hace muchos años está en el suelo por su propio peso con tanta corrupción, mentiras y represión. En este proceso han decidido desplazar la sede del juicio desde la capital provincial para la ciudad de Banes, distante 83,5 kilómetros, por ser este un lugar pequeño y fácil de controlar en caso de que la cosa se caliente y se les escape de las manos, ciudad que de seguro será militarizada y restringido su acceso para impedir que se hagan públicas las atrocidades aún por cometer.
Es conocido históricamente que no siempre la aplicación de la ley es igual para todos, porque depende de quién esté al mando, y los dictadores cuentan con una fiscalía rencorosa, criminal y fiel guardián de los intereses de la dictadura asesina. Lamentablemente muchos familiares de los encausados aún esperan que la verdad salga a la luz en el juicio, esperanzados en que los jueces les declaren inocentes y hagan realidad el principio de igualdad y justicia. ¿Entonces?, cómo se puede hablar hoy en Cuba de imparcialidad y objetividad de los jueces, fiscales y abogados defensores, si es una triste realidad el hecho de que estos están influenciados por el sometimiento a los dictados del PCC y su consabida presión política, percepciones personales y la corrupción, que hacen que la aplicación de la ley no sea justa y objetiva como debería. Dónde está el carácter independiente de los jueces en sus funciones; de qué principios y garantías de la función judicial se jactan, cuál acceso a la justicia, a la tutela judicial y el debido proceso. Pero de que transparencia hablan si según la ley de los tribunales (art.4.1b), estos tienen la misión primordial de salvaguardar el orden económico, social y político establecido en Cuba. Alea Jacta Est, desgraciadamente la suerte de los acusados ya está echada.
Es cierto que todos los acusados tienen abogados designados, pero estos en todo el proceso no han podido hacer absolutamente nada, les han rechazado todas las pruebas propuestas, solo reciente es que se han podido entrevistar con sus representados, Que además de prestarse al juego, la farsa y hacer el ridículo en el juicio, que otra cosa pueden hacer por ellos unos abogados maniatados y amordazados por un poder que les supera con creces, en un país donde el poder judicial no es independiente y los abogados tampoco, abogados cuyo único propósito es cuidar su título, el puesto de trabajo y los ignominiosos centavos, arrancados cual vil estafa a las familias de los encausados.
Una cosa saben los dictadores y sus acólitos, que es una verdad más cierta y meridiana que la luz del sol, y es que el poder del pueblo unido es grande y todos ellos le temen, porque ahí está su fin. Que cuando un pueblo decide perder el miedo y salta sus barreras, ningún esfuerzo es lo bastante poderoso para detenerlo, y el PCC, este gobierno y sus dirigentes, saben hoy que se sostienen en la fuerza de las armas y no en el amor y el respeto del pueblo. Que con estas condenas solo pretenden amedrentar al pueblo cubano y sus ansias de libertad y justicia, que a pesar de las injustas y excesivas penas de prisión, el día 11 de julio el pueblo cubano rompió sus cadenas y nada detendrá su libertad, ya sea el 15 de este mes o en otros no muy distantes, el pueblo cubano saldrá a reclamar su libertad, porque la verdadera libertad cuesta caro y todos estamos dispuestos a pagar su precio.
Listado de los 21 Prisioneros Políticos en Holguín, edad actual y la sanción que pide la petición fiscal.
Yosbanis Rosell García Caso. Edad.32. Petición Fiscal. 30 años.
Miguel Cabrera Rojas. Edad.50. Petición Fiscal. 30 años.
José Ramón Solano Randiche. Edad.30. Petición Fiscal. 30 años.
Iván Colón Suarez. Edad.51. Petición Fiscal. 30 años.
Maikel Rodríguez del Campo. Edad.34. Petición Fiscal. 28 años.
Mario Josué Prieto Ricardo. Edad.26. Petición Fiscal. 28 años.
Jessica Lisbet Torres Calvo. Edad.27. Petición Fiscal. 27 años.
Cruz García Domínguez. Edad.59. Petición Fiscal. 25 años.
Miguel Enrique Girón Velázquez. Edad.24. Petición Fiscal. 25 años.
Yasmany Crespo Hernández. Edad.32. Petición Fiscal. 25 años.
Yoirdan Revolta Leyva. Edad.21. Petición Fiscal. 22 años.
Marcos Antonio Pintueles Marrero. Edad.18. Petición Fiscal.18 años.
Franklin Reymundo Fernández Rodríguez. Edad.20. Petición Fiscal.18 años.
William Manuel Leyva Pupo. Edad.20. Petición Fiscal.18 años.
Jorge Luís Martínez García. Edad.18. Petición Fiscal.18 años.
Samuel Torres Durán. Edad.18. Petición Fiscal.18 años.
Yoel Ricardo Sánchez Borjas. Edad.18. Petición Fiscal.18 años.
Ernesto Abelardo Martínez Pérez. Edad.17. Petición Fiscal. 15 años.
Yeral Michel Palacios Román. Edad. 17. Petición Fiscal. 15 años.
Keyla Roxana Mulet Calderón. Edad.16. Petición Fiscal. 15 años.
Ayan Idalberto Jover Cardoza. Edad. 17. Petición Fiscal. 15 años.
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